El mercado inmobiliario en República Dominicana, especialmente en zonas turísticas con alta inversión extranjera, cuenta con mecanismos legales y tecnológicos que aseguran la protección jurídica de las propiedades y las inversiones. Así lo afirmaron autoridades del sistema de Jurisdicción Inmobiliaria durante la presentación del Plan de Optimización de este sector.
Según los funcionarios judiciales, muchas denuncias relacionadas con estafas inmobiliarias no provienen de fallas en el sistema registral, sino de transacciones que se realizan sin realizar todas las verificaciones legales necesarias. Existen herramientas confiables que permiten conocer con exactitud la situación jurídica de un inmueble antes de concretar una compra.
El juez de la Suprema Corte de Justicia, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, señaló que «el Registro Inmobiliario tiene herramientas confiables para que cualquier inversionista pueda determinar si en el negocio que está incursionando existe algún conflicto o no. Todo depende de utilizarlas correctamente y de la confianza que se tenga en el sistema».
Por su parte, el administrador general del Registro Inmobiliario, Ricardo Noboa, advirtió que limitarse a una certificación del inmueble es insuficiente. «La certificación es solo la punta del iceberg. Antes de tomar una decisión hay que tener todos los elementos sobre la mesa», afirmó.
Los magistrados subrayaron que una diligencia preventiva adecuada debe incluir la revisión de antecedentes registrales, la verificación de la identidad del vendedor, la investigación de posibles litigios sobre la propiedad y la confirmación de que la documentación coincida con la realidad física del inmueble.
Esta orientación es clave para inversionistas nacionales y extranjeros que buscan seguridad legal en un mercado con gran dinamismo y riesgo de fraudes.
Información basada en reportes publicados por Diario Libre.
