El Gobierno peruano ha iniciado una ofensiva nacional para combatir el crimen organizado, con un plan estratégico que se extiende hasta 2028. Esta acción, anunciada en una reunión de alto nivel encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, busca recuperar el control territorial y restablecer el orden interno ante el aumento del sicariato, extorsiones y otras actividades delictivas.
El ministro del Interior, José Mercedes Zapata, presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, que establece como objetivo principal reducir la tasa de homicidios de 10.7 por cada 100 mil habitantes en 2025 a 8.5 para el 2028. Además, persigue la disminución progresiva de extorsiones y sicariato mediante un fortalecimiento de la inteligencia operativa, investigación criminal y análisis del delito.
La estrategia contempla un despliegue articulado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en zonas críticas, con fuerzas de tarea integradas que se adaptarán a la dinámica delictiva local. También incluye el reforzamiento de la administración de justicia y el sistema penitenciario para evitar la reincidencia y desarticular redes criminales.
El jefe del Gabinete destacó que esta ofensiva implica acción real en las calles: “No habrá desarrollo sostenible ni convivencia pacífica sin control del orden interno. Estamos actuando con firmeza para proteger a la población y restablecer la autoridad del Estado”.
Participaron en la reunión, además de Zapata y Arroyo, los ministros de Defensa y Economía, y altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, consolidando una respuesta coordinada y sostenida frente a la criminalidad.
Esta iniciativa busca generar un impacto directo en la seguridad ciudadana, priorizando la prevención policial y comunitaria, así como el control en fronteras y espacios estratégicos.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
