La reciente Resolución 001-2026 emitida por la Dirección General de Migración (DGM), que obliga a contar con contratos formales para renovar permisos laborales a extranjeros, ha provocado un debate entre sectores económicos dominicanos. Áreas como la construcción, la agricultura y el turismo, que dependen en gran medida de trabajadores extranjeros, advierten sobre posibles efectos negativos en la economía nacional.
El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados, William Charpantier, reconoció la legalidad de la medida, pero consideró que su aplicación en el contexto actual puede resultar perjudicial. Según Charpantier, la resolución no solo afectaría derechos de trabajadores que ya fueron regularizados, sino que también limita la movilidad laboral y traslada responsabilidades del Estado a los empleadores, lo que podría generar distorsiones en sectores clave.
Desde el sector agrícola, cuya mano de obra extranjera es mayoritariamente haitiana, la resolución es vista con cautela. Productores reconocen aspectos positivos, pero solicitan mayor flexibilidad en los procesos de regularización debido a la paralización de planes para formalizar a los trabajadores. Alertan que la rigidez actual podría mantener la informalidad laboral y aumentar los costos y trámites burocráticos para los empleadores.
Gil Blas Martínez, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), señaló que en muchos casos los trabajadores no están regularizados y que la dificultad para obtener permisos complica la contratación formal.
Este debate refleja la tensión entre la necesidad de regularizar el mercado laboral y proteger los derechos de los trabajadores extranjeros, frente a las demandas de sectores productivos que requieren mano de obra flexible para sostener sus actividades.
Información basada en reportes publicados por Diario Libre. Fuente original
