En Perú, la tendencia común es culpar al Poder Ejecutivo cuando surgen crisis políticas, como repartijas o corrupción. Sin embargo, este poder no es solo una entidad distante en Palacio de Gobierno. Existe otro «poder ejecutivo», uno que las empresas y emprendedores sí controlan: el de ejecutar, de transformar decisiones en acciones concretas.
Este poder no está reservado para políticos o funcionarios. Lo tienen la fundadora de una pyme que emplea a cinco personas, el CEO que decide qué causas apoyar y quiénes influir con sus recursos y decisiones. Ignorar esta responsabilidad equivale a renunciar a la capacidad de impactar en la sociedad.
Según el Edelman Trust Barometer, en varios países las empresas generan más confianza que los gobiernos. Este dato implica una gran responsabilidad para las marcas, que no pueden limitarse a decir “no hablamos de política” por comodidad o miedo a polarizar.
En el mundo, ejemplos como Nike apoyando a Colin Kaepernick o Patagonia demandando al gobierno estadounidense demuestran que el silencio también es una postura política. En Perú, algunas marcas jóvenes, como Voraz, han optado por manifestarse claramente frente a decisiones controvertidas, como aumentos salariales de autoridades o la distribución de ministerios.
Este compromiso no es cómodo, pero es necesario. La indignación común en redes sociales no basta si no se traduce en acciones concretas dentro de las empresas, como políticas internas o decisiones de inversión responsables. El país cuenta con millones de emprendedores que pueden ser agentes de cambio si deciden actuar con valores y respeto hacia su gente.
La pregunta no es si las empresas deben hablar de política, sino cómo pueden usar su poder ejecutivo para contribuir a un Perú mejor, tomando decisiones que reflejen su responsabilidad social y cívica.
Información basada en reportes publicados por GESTIÓN.
