El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de recibir, analizar y aprobar o rechazar las memorias anuales del Poder Ejecutivo, documento clave para la fiscalización del Gobierno. Sin embargo, según registros oficiales del Senado, la Cámara de Diputados y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la última memoria totalmente aprobada corresponde al año 2018, durante la administración de Danilo Medina.
Desde entonces, la revisión y aprobación de las memorias posteriores ha sufrido graves retrasos. Por ejemplo, las memorias del año 2019 fueron entregadas al Congreso el 3 de marzo de 2020, pero el Senado solo las aprobó en primera lectura el 8 de enero de 2026, casi seis años después. En un caso similar, las memorias de 2020, entregadas el 25 de febrero de 2021, recibieron aprobación en única lectura por parte del Senado el 10 de enero de 2026.
No obstante, la Cámara de Diputados aún no ha aprobado las memorias de esos años, lo que significa que no han recibido luz verde definitiva por ambas cámaras. Además, los actos del Poder Ejecutivo correspondientes a 2021 y 2022 tampoco han sido aprobados hasta la fecha.
Estos retrasos evidencian una debilidad significativa en la función fiscalizadora del Congreso, que debería ser un contrapeso efectivo al Ejecutivo. La falta de revisión oportuna de las memorias limita la transparencia y el control sobre la gestión pública, afectando la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.
Información basada en reportes publicados por Diario Libre.
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