En el marco de las elecciones generales 2026 en Perú, 15 aspirantes a la presidencia tienen abiertos 16 expedientes por posibles omisiones o inconsistencias en sus declaraciones juradas de hoja de vida. Estos señalamientos pueden conllevar sanciones económicas de hasta 55,000 soles, equivalentes a 10 UIT.
La ley electoral establece que ocultar una sentencia penal firme por delito doloso implica la exclusión directa del proceso electoral. Sin embargo, en casos de falsedad de información patrimonial o empresarial, el candidato continúa en la contienda, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede imponer multas que van desde 5,500 hasta 55,000 soles, ordenar la corrección de datos y remitir el caso al Ministerio Público por posible falsa declaración.
El procedimiento sancionador inicia con un informe de fiscalización que detecta irregularidades. Luego, el Jurado Electoral Especial (JEE) abre un expediente formal y otorga un día calendario para que el candidato presente descargos. En un plazo máximo de tres días, el Jurado decide si archiva el caso o impone sanciones. En caso de multa, el partido político puede apelar ante el Pleno del JNE en tres días.
Entre los candidatos con expedientes destacan:
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular), por no declarar ser socio fundador con una acción en Perú Desarrollos Inmobiliarios S.A.
- Herbert Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú), por no declarar ser socio fundador y acciones en cuatro empresas activas, además de no declarar una sentencia civil que le ordena pagar una deuda de S/ 84,000.
- María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente), por no declarar una sentencia laboral firme que la obliga a pagar S/ 746.23 a una AFP.
- Carlos Álvarez Loayza (Partido País para Todos), por atribuirse un vehículo valorado en S/ 102,000 que pertenece a una empresa donde es socio y que no consignó.
- Walter Chirinos Purizaga (Partido Político PRIN), por no declarar ser socio fundador con 4,000 acciones en una empresa.
- Otros candidatos, como Alfonso López Chau (Ahora Nación), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), también enfrentan investigaciones por omisiones similares.
Estos casos reflejan la importancia de la transparencia en la presentación de información para las elecciones, dado que la ocultación o falsedad puede acarrear consecuencias legales y afectar la confianza ciudadana.
Información basada en reportes publicados por Gestión.
